Decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron el miércoles 7 de octubre de 2026 frente a la sede estatal en Zacatecas para exigir que el Tribunal de Disciplina Judicial deje sin efectos la suspensión de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito, notificada esa mañana a las 11:00 horas, según NTR Zacatecas.
La medida fue ordenada por el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que la reforma de 2024 creó para sancionar a juzgadores. Según el relato de la propia jueza, la causa señalada es notoria incompetencia, por haber admitido una demanda y concedido una suspensión, y cuenta con cinco días para contestar, de acuerdo con La Silla Rota. Vizcaya Zamudio sostuvo que el origen son sus resoluciones: "he tenido varios asuntos que han incomodado al gobernador David Monreal". El gobierno estatal no ha emitido una respuesta pública sobre el caso en las versiones consultadas. Para los trabajadores, la suspensión se suma a las acciones emprendidas contra quienes se opusieron a la reforma judicial.
La protesta la encabezó José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 del Sindicato de Trabajadores del PJF. "Nos queda clarísimo a los trabajadores que esto no es más que la acción que están tomando en contra de quienes como titulares y como trabajadores ejercimos un papel protagónico en la defensa del Poder Judicial", afirmó. El dirigente dijo que no existe ninguna queja de trabajadores contra la jueza y pidió al Tribunal de Disciplina "deje sin efectos esta medida de suspensión", en declaraciones recogidas por Página 24 Zacatecas. Añadió que el sindicato analizará nuevas movilizaciones y no descartó un paro nacional, según La Jornada. Los manifestantes también reclamaron jornadas mayores a ocho horas, presión para elevar el número de sentencias y descanso de fin de semana. Méndez de Lira mencionó un centenar de suspensiones y 40 separaciones de jueces en el país, sin documentación oficial que las respalde.
El siguiente paso corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial, que revisará el incidente y definirá si ratifica la suspensión o impone otra medida cautelar. La jueza tiene cinco días para contestar y el sindicato esperará su estrategia jurídica antes de convocar nuevas movilizaciones.
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