La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó el 21 de octubre de 2026 la detención de José Alonso N, director de Seguridad Pública Municipal de Río Grande, investigado por secuestro agravado y extorsión agravada en perjuicio de productores ganaderos de la región.
En el mismo despliegue fueron detenidas tres personas más: José Miguel N, director de Seguridad Pública de Momax, con una orden judicial por facilitación delictiva; Cecilia N, aprehendida durante un cateo en Tlaltenango de Sánchez Román; y Raúl N, también investigado por secuestro y extorsión, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía que retomaron El Universal y La Jornada. La dependencia calificó a tres de los cuatro detenidos como «objetivos prioritarios en materia de seguridad».
La captura se suma a una serie de procesos contra mandos policiacos municipales en Zacatecas. En agosto de 2026, el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó la detención del director de Seguridad Pública de Juchipila, según Infobae. Las corporaciones municipales son la primera línea de respuesta en municipios como Río Grande, cabecera de una zona ganadera donde la extorsión a productores se investiga como delito de alto impacto. El operativo lo coordinó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la policía estatal.
La Fiscalía no detalló el expediente ni el monto de las exigencias atribuidas a la red. En Río Grande, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión y un cateo simultáneos; en Tlaltenango de Sánchez Román, un cateo derivó en la detención del jefe policiaco de Momax y de Cecilia N. De manera extraoficial se reportaron otras diez detenciones en Río Grande, Nieves, Tlaltenango y Momax, sin confirmación oficial, según La Jornada. El medio local Zacatecas Online dio a conocer la captura la mañana del miércoles.
El siguiente paso es la audiencia inicial ante un juez de control, donde la Fiscalía debe sostener las imputaciones y solicitar la vinculación a proceso dentro del plazo de 144 horas. En paralelo, el ayuntamiento de Río Grande tendrá que definir quién queda al frente de la corporación y cómo se cubren los turnos de vigilancia del municipio.
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